Por una vida libre de violencias

La cantidad de casos registrados implica un aumento del 19% respecto al año anterior, y en la mayoría de estos casos (80%) se trata de situaciones repetidas.

Este año se registraron 3155 situaciones de violencia severa en todo el país, según indica el Informe del SIPIAV abordadas y registradas por operadore/as de infancia y adolescencia, mediante intervenciones enfocadas a la detención de la violencia, la restitución del ejercicio de derechos y en la medida en que esto fue posible, la reparación del daño sufrido.

Cuatro de cada diez denuncias tienen como víctimas a niños y niñas en edad escolar (entre los seis y 12 años). Dos de cada diez involucran a menos de cinco años y el resto a adolescentes, en todos los casos con más victimas femeninas.

Hay situaciones de violencia —típicamente el maltrato emocional— que aparecen con enorme frecuencia en todas las edades, en hombres y en mujeres. Pero los abusos sexuales muestran un incremento acorde crece la edad de la víctima y el tipo de violencia más denunciado entre las adolescentes. Específicamente este tipo de violencia represente un 20% de incremento en relación al 2016.

En este contexto, el INAU, a través de su Presidenta Marisa Lindner, destaca una serie de avances sustantivos vinculados a las violencias: la creación de la Unidad de Víctimas en el proceso penal; la distinción de la violencia basada en género; la reforma del Código de la niñez y la adolescencia y el ingreso de 24 referentes de violencia para fortalecer el trabajo en los Comité de Recepción Local así como la creación albergues para situaciones extremas.

Por su parte, el Fiscal Corte, Jorge Díaz destacó un gran avance en la capacitación del personal que atiende situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, mediante un trato diferencial con enfoque de derechos, recomendando un proceder basado en la credibilidad hacia la víctima, siendo las pericias recursos utilizados en últimas instancias.

El Informe se presenta desde la responsabilidad estatal de rendir cuentas ante la ciudadanía por sus actuaciones y se rescatan para ello aspectos conceptuales acordados en ese ámbito, en el esfuerzo por comprender el origen del maltrato y abuso sexual hacia la infancia y la adolescencia y que están en la base de las definiciones de políticas para combatirlos.

Al hacer públicos los datos anuales, este documento no solamente muestras cifras, gráficas, cuadros comparativos, etc. que hacen a lo meramente estadístico; sino que además y sobre todo pone en la agenda pública y en la ciudadanía en general el abordaje de un problema que trasciende los límites del “hogar” y la “familia”.

El esfuerzo y el compromiso exigido también está dirigido a las situaciones que no llegan a ser denunciadas, a la importancia de la detección e intervención a tiempo, de construir una vida libre de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes y de poder discernir entre todos la frontera entre lo privado y lo público cuando de violencia se trata y actuar oportunamente.